Una nueva brigada policial que aumenta el apartheid jurídico

Aunque ya existen leyes, y cuerpos policiales, para la persecución de los delitos, también para cuando los cometen personas extranjeras, ayer el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, anunció la creación de una Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros, un nombre muy explícito para una medida que una vez más muestra la apuesta del Gobierno por criminalizar a la población inmigrante y por consolidar un sistema de apartheid jurídico.

Parece que nos remontamos a épocas del gobierno popular, en las que se aprobaban leyes como la “Ley de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros”. En aquel momento ya denunciábamos que vincular la integración social de las personas extranjeras con la seguridad ciudadana y la violencia doméstica era una maniobra para criminalizar a la población inmigrante y fomentar la cultura del miedo, que permitía recortar cada vez con mayor impunidad derechos y libertades. Ahora el Gobierno socialista hace una identificación directa entre inmigración y delincuencia y subraya la peligrosidad de las bandas organizadas, el terrorismo y la violencia de género, vinculándola explícitamente a la población extranjera.

Así pues, desde SOS Racismo denunciamos:

  • Que la creación de esta Brigada lejos de lo que se argumenta, no da un mensaje de tranquilidad sino que fomenta la alarma social y la xenofobia, situando a las personas de origen extranjero en el punto de mira de la criminalidad.
  • Que se difunde cada vez más un discurso demagógico y muy peligroso, que culpabiliza a las personas de otros orígenes de problemas propios de nuestra sociedad (delincuencia, inseguridad ciudadana, paro, machismo, violencia sexista, terrorismo, crisis, inseguridad laboral,…) cuyas causas y soluciones son complejas, y evidentemente ajenas al tema de la inmigración. Se usa al inmigrante para echar balones fuera y crear cortinas de humo ante problemas que nuestros políticos no saben cómo afrontar.
  • Que esta medida consolida la situación de apartheid jurídico que vivimos en el Estado español. Una situación que si bien afecta en primera persona a las y los que son de origen extranjero, nos afecta a todos y todas, ya que es la muestra explícita de los problemas de salud de nuestra democracia.
  • Que aumenta la discrecionalidad de la aplicación de la ley para las personas inmigradas, ya que no queda claro en qué situaciones se podrá cumplir la pena en el país o ser expulsados.
  • Que se vulnera un principio penal fundamental, que es que nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos. Y en este caso a la discrecionalidad de aplicación de la ley, hay que sumarle que aquellos que sean expulsados no podrán volver a entrar en el país durante el tiempo que se dictamine.
  • Que medidas como éstas alimentan el racismo social y el rechazo a la población extranjera, poniendo en peligro la convivencia en nuestros barrios y ciudades.

Y exigimos:

  • Recuperar el principio de que todas y todos somos iguales ante la ley y restablecer el estado de derecho. Independientemente del origen es importante que el Estado reconozca a sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos. No hacerlo es el primer paso para alimentar la xenofobia y el racismo social, en otras palabras, para generar fractura social.
  • Responsabilidad política. Especialmente en tiempos de crisis, no vale utilizar a la población inmigrante otra vez como chivo expiatorio y vender la idea de que a base de expulsiones haremos frente a todos los problemas de nuestra sociedad. Es una muestra de la falta de valentía política existente. En vez de ir a la raíz de los problemas y ofrecer soluciones para el conjunto de de la ciudadanía, se opta por crear cortinas de humo.

Estamos en un momento social y económico delicado en el que criminalizar a la población inmigrante y proponer más y más expulsiones como solución a todos los problemas, no es ninguna solución a nada y puede ser muy perjudicial y peligroso. Y es que aunque algunos se empeñen en negarlo, hay muchas personas de origen inmigrado que tienen aquí su proyecto de vida y que forman parte innegable de nuestra sociedad. Ciudadanos y ciudadanas por tanto, que han de ser reconocidos como tales. Caer en la tentación de criminalizarlos y culparlos sólo generará fractura social. Caer en criminalizar y culpabilizar, buscando chivos expiatorios, promoviendo los prejuicios, la sospecha y el rechazo, sólo generará fractura social.

26 de septiembre del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español

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