No a la ley de Extranjería, no al aumento del racismo institucional

Ante la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados de la Reforma de la Ley de Extranjería, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español denuncia una vez más el aumento y extensión del racismo institucional que comporta esta nueva reforma así como la persistencia por mantener un modelo de política de extranjería discriminatoria, injusta e ineficaz, como es la Ley de extranjería.

Desde SOS Racismo denunciamos toda ley de extranjería y aquellos puntos que se agravan o consolidan en la nueva reforma que se pueden resumir en recorte y vulneración de derechos, creación de nuevas categorías de inmigrantes y aumento del régimen sancionador. Una reforma acorde con los aires racistas y xenófobos que se respiran en Europa. Una vez más el Gobierno español se alía con las líneas más duras y reaccionarias en materia de inmigración.

Por ello denunciamos:

  • La vulneración al derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiaral exigir que el reagrupante deba ser titular de una residencia de larga duración, para los ascendientes reagrupados y que además deban tener más de 65 años.
  • La vergonzosa muestra de vulneración de los Derechos Humanos que comporta ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días. Las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los Centros de Internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un Estado de derecho y democrático.
  • El aumento de la desigualdad de derechos que implica la nueva categorización de la inmigracióncon la creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul. Situaciones que se suman a las desigualdades entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular.
  • El incremento de sanciones y sus cuantías en materia de infracciones, tanto para los/las inmigrantes como para quien les apoye(hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadrone a alguien que no esté domiciliado en su vivienda o a quien realice una carta de invitación y posteriormente mantenga a su cargo a la persona una vez caduque su visado). En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas.
  • La estigmatización a todo el colectivo inmigrante viéndolo siempre como sujetos sospechososy que ponen en peligro los pilares de la sociedad, con medidas como las recogidas en el artículo 2 referente a la integración así como a la valoración que se hará de ésta para la renovación de autorizaciones de residencia. Finalmente no hay contrato de integración tal como propuso el Partido Popular pero las mismas bases ideológicas han permitido esta concepción peyorativa de las personas inmigrantes que llega incluso hasta incorporar a las demandas para la renovación, el certificado de escolarización de los hijos. El mensaje está claro: solo los y las inmigrantes no respetan los Derechos humanos ni los valores de la Constitución.
  • Incluso avances como los que se introducen en materia de violencia de género presentan carencias, porque con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría puesto que dejar abierta la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar de muchas mujeres inmigradas que sufren malos tratos.

En definitiva la reforma no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos sino que agrava y endurece la normativa a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de “venderla” a la opinión pública como una ley progresista y garantista.

Hoy se ha dado un paso adelante en la pérdida de valores y principios que toda sociedad democrática debe defender. Hoy se ha dado un paso más en la división entre población autóctona e inmigrada, fomentando la fractura social. En momentos de crisis donde hay que impulsar medidas de cohesión social, el gobierno aprueba una ley que agrava y aumenta las injusticias sociales.

26 de Noviembre de 2009
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español

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