Ante el cierre de Heldu

 SOLIDARIDAD es el sentimiento que desde SOS Racismo Bizkaia queremos transmitir a las personas afectadas por la cancelación. Es decir, todas las personas que conviviendo formamos esta sociedad.

En síntesis, Heldu fue concebido y creado por el Gobierno vasco en 2002, como un servicio de atención jurídica y social a personas inmirantes en situación administrativa irregular avocada por la Ley de Extranjería. Con la supresión del servicio Heldu, el Gobierno de Patxi López y Gemma Zabaleta se empecina en hacer cada vez mas difícil las condiciones de vida de una parte de la población especialmente vulnerable, la población inmigrante.

Señalar, en primer lugar, que a fecha de hoy en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay censadas alrededor de 140.000 personas inmigrantes frente a las 40.000 habidas en el momento de la creación de este servicio; mas del triple. Y señalar también que la normativa en materia de extranjería sigue siendo igual de rígida y compleja. Aunando ambos factores, se dibuja una realidad idéntica a la de entonces, cuando no más delicada en la actual situación económica, y la incidencia directa de la misma en la regularidad administrativa de este sector de nuestra sociedad. A todas luces, resultaba esencial la permanencia de ese servicio de atención especializada a la ciudadanía inmigrante en situación administrativa irregular.

Para la supresión de Heldu, y como previo a la justificación de la medida, se nos esgrime una razón de racismo institucional por parte de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno vasco: en la actual coyuntura económica, deslumbrar a la población aireando el millón de euros que supone el mantenimiento de un servicio de atención a personas inmigrantes. A continuación, se apunta a que esa atención de asesoramiento hasta ahora prestada por Heldu se les va a encomendar a las ONG o colectivos sociales en colaboración con los Ayuntamientos.

SOS Racismo, como Movimiento Social de denuncia de toda actuación discriminatoria racista y xenófoba, exige a los poderes y administraciones públicas, exige a esa Consejería del Gobierno vasco, que hagan efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía sin que medie un trato desigual por el origen ó procedencia, materializando la igualdad de derechos de todas las personas. Y es por ello por lo que no cabe delegar al voluntarismo de las ONG el garantizar el efectivo desarrollo ciudadano de la población inmigrante en especial situación de indefensión.

En todo caso, afirmamos la complementariedad de la labor de estas asociaciones con la imprescindible permanencia de un servicio como Heldu, en un trabajo de colaboración y retroalimentación, en aras a dar respuesta a las necesidades (impuestas por la Ley de Extranjería) y derechos de la ciudadanía inmigrante, pero siempre bajo los parámetros de organización y responsabilidad.

A pesar de la argumentación esgrimida por la Consejería de Asuntos Sociales, el encaje de Heldu en el organigrama administrativo del Gobierno vasco es una cuestión de voluntad política y sólo con una voluntad inclusiva se podrá abordar y solucionar la cuestión. Con esa voluntad y sin olvidar que al margen de cualquier eventual lectura política existen personas, proyectos y esperanzas que han de primar a la hora de llevar a cabo la labor de gobierno; personas, proyectos y esperanzas que dicha labor no ha de truncar. En su lugar, lanzamos un guante a la Consejera a que predique con su ejemplo "tanto como los recursos, importan los consensos" y tome en consideración la opinión unánime de los agentes sociales cuando le decimos que no suprima Heldu.

Y es que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del PSE no hace sino incidir en recortes en las políticas sociales: Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos, Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda… y ahora la supresión de Heldu. Todas estas actuaciones políticas inciden en los fragmentos de la población más desfavorecida y en especial en la población inmigrante. No deja de ser un reflejo de lo que se hace a nivel estatal. Pero en este momento interesa recordar que en época de bonanza económica era bien recibida la aportación del esfuerzo y mano de obra inmigrante en aquellos sectores mas precarios del mercado laboral, al margen de la economía sumergida, mano de obra a la que ahora se quiere convertir en pagana de la crisis.

Sin embargo a los poderes económicos generadores de la actual situación, de esa crisis tan recurrente y conveniente (el dinero tampoco se destruye, sólo circula y se transforma), se les subvenciona por parte de los poderes públicos mientras al resto de la ciudadanía nos inyectan reformas laborales que recortan los derechos de la clase obrera y políticas fiscales regresivas. Medidas que ayudará a favorecer la discriminación en el ámbito público y privado, que producirán más explotación laboral a esa parte de nuestra sociedad tan vulnerable como lo es la ciudadanía inmigrante y especialmente en las mujeres inmigrantes.

Desde SOS Racismo vemos en la medida, una coparticipación necesaria en la vulneración de derechos fundamentales que nos afectan a toda la sociedad con una afectación del interés público general, que el Gobierno vasco, en tanto poder público, tiene como deber y responsabilidad evitar. Por ello pedimos al Gobierno vasco, a esa Consejería de Asuntos Sociales, que haga un ejercicio de imaginación para que la hasta ahora pieza esencial Heldu siga siéndolo y pueda ser asumida directamente por parte de esa Administración. La población inmigrante saldría ganando. Y toda la sociedad beneficiada.

 

Fuente: Deia

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